Donde las calles tienen nombres

Una de las cosas que más sorprende a los extranjeros con un mínimo de sensibilidad por la cultura de la Memoria Histórica en relacción a España, es la presencia en dicho país de simbología y nombres franquistas en los espacios públicos. También el hecho de que dicha presencia sea tolerada cuando no fomentada desde la autoridad pública y democráticamente elegida. Está claro que esto es un sinsentido: un sistema político que honrra a sus enemigos declarados.

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Esta permanencia de nombres, símbolos y monumentos tiene su origen en la manera en la que se realizó la Transición a la democracia a finales de la dictadura militar franquista o, mejor dicho, en la manera en que dicho proceso nunca llegó a culminarse del todo. Un paso muy acertado hacia cerrar correctamente esa parte de la historia de España, fue la conocida como Ley de la Memoria Histórica de finales del 2007. Esta estipula en el primer párrafo de su artículo 15 que

“Las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura.”

 

Esta ley fue publicada en el Boletín Oficial del Estado hace más de seis años y medio. Desde entonces se ha ido cumpliendo paulatinamente. No siempre sin tener que superar obstáculos y resistencias procedentes, en muchos casos, de las administraciones.

Habiendo crecido en la ciudad de Valladolid pocos años después del inicio de la democracia, pude ser consciente de este problema desde muy joven. Es triste, pero el que la ciudad sea conocida coloquialmente en ciertos ámbitos como “Fachadolid” tiene cierto sentido. Así recuerdo ver en el patio de mi escuela (Isabel la Católica, una de las típicas escuelas de ladrillo construidas por la República) el yugo y las flechas aplicadas en bronce sobre una fuente y otros símbolos en murales en las áulas. Y luego estaban los nombres de calles, avenidas y puentes; un problema que ha tardado mucho más tiempo en solucionarse.

El pasado 5 de junio de 2014, sorprendía en el diario vallisoletano El Norte de Castilla la noticia de que “Seis calles de Valladolid lucen las nuevas placas y dicen adiós a sus nombres franquistas.” Sorpredía porque Francisco Javier León de la Riva, alcalde de Valladolid desde 1995, se había negado en rotundo a acatar la ley. Este paso, que es parte del cambio de nombres de 12 calles y un puente, sólo se ha dado tras una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que obligaba a ello. El decreto no parece sin embargo satisfacer las exigencias de ciertos grupos de la izquierda. En este sentido, el portal vallisoletano de noticias Último Cero ha tratado este tema en gran cantidad de artículos y puesto a disposición de los internautas diversos documentos al respecto.

Recomendaría la lectura de este artículo sobre los cambios de nombres y los símbolos y nombres que no van a desaparecer, y la lectura de este documento del Ateneo Republicano de Valladolid que recoge todos los nombres que, según esta asociación, deberían cambiarse – y entre los cuales se encuentran los 12 del decreto del ayuntamiento. Es evidente que lo dos últimos enlaces representan una tendencia política muy concreta que debería ser tenida en cuenta a la hora de leerlos. Sin embargo, y aunque MusErMeKu no se entiende en ningún caso como un blog partidista, me parece importante citarlos por dos razones: las posturas que defienden son las de una ley vigente del estado español que defiende la Memoria Histórica y se opone a la exaltación de posturas antidemocráticas, y los datos históricos que contienen son, según mi investigación, correctos en su totalidad.

Otro documento publicado por Último Cero se refiere a los dos argumentos principlaes que utilizan los detractores de este tipo de medidas (vean este video para escuchar a ciudadanos exponiendo estos argumentos). Se trata aparentemente de una carta firmada por el alcalde de Valladolid y dirigida a los habitantes de las calles que cambian de nombre. Las fuentes de esta carta, que también circuló por las redes sociales, no están del todo claras pero, y debido en parte al hecho de que no haya aprecido ningún desmentido hasta la fecha, decido en este caso confiar en la moral periódistica de los trabajadores del portal de noticias. En esta carta el alacalde explica verse forzado por la sentencia del Tribunal Supremo a decretar el cambio de los nombres, culpa de este hecho a la demanda interpuesta por un grupo de la oposición – en este caso el del partido Izquierda Unida – y expone los dos argumentos mencionados arriba disculpandose ante los ciudadanos por cumplir la ley.

El primero de los argumentos arriba es que el cambio de nombre de una calle puede suponer dificultades administrativas e incluso un desembolso económico para el ciudadano. De ser esto cierto, uno podría pensar que es el deber del consistorio el ayudar al ciudadano a superar esas dificultades. El otro argumento es que el aceptar estos nombres como son, sería la mejor “[…]muestra de la superación de la Guerra Civil[…].” Que esos nombres son parte de nuestra historia. Evidentemente lo son, pero una democracia que merezca medianamente dicho nombre no puede permitirse ofrecer puestos de honor a nombres como a los que nos referimos en este caso.

Este argumento suele olvidarse de mencionar que no sólo se trata de superar la Guerra Civil, si no también de superar la dictadura franquista. Esto se antoja complicado mientras los criminales del bando golpista y del régimen de inpiración fascista siguen sobre un pedestal. Si se decide mantener algún símbolo de una dictadura en el espacio público, esto sólo puede hacerse musealizandolo; envolviendolo en una burbuja pedagógica que deconstruya su sentido original. Cualquier otra cosa es apología de la violencia. Y esto no tiene nada que ver con política partidista, si no con el fomento de la cultura democrática más básica.

 

Header: Angelika Schoder – Valladolid, 2015

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